El gobierno de María Eugenia Vidal y el Colegio de Abogados de la Provincia ponen en marcha la figura del Abogado del Niño, lo cual cumple con una ley sancionada en 2013 que apunta a que los niños y adolescentes cuenten con un profesional que los represente en las cuestiones civiles, familiares o administrativas que los afecten.
El objetivo es garantizar la defensa plena y autónoma de los niños de cualquier condición social, quienes podrán contar con un abogado cuyos honorarios serán costeados por el Estado, en su totalidad o parcialmente. Con este objetivo, el ministro de Justicia Carlos Mahiques recibió al titular del Colegio de Abogados de la provincia, Bienvenido Rodriguez Basalo, para firmar el convenio que instituye la figura del Abogado del Niño.
De este modo, cada departamento judicial de la Provincia conformará los registros de “Abogados del niño” que estarán a disposición de las causas en las que representen los intereses individuales de niños y adolescentes ante cualquier procedimiento civil, familiar o administrativo que los afecte.
En caso de que el niño tenga otorgado el beneficio de pobreza, el gobierno de la Provincia cubrirá la totalidad de los costos, y si esta situación no se acreditase, el Estado cubrirá el 50% de los honorarios.
Mahiques sostuvo que “la Provincia tiene la obligación de avanzar con esta ley que había sido postergada y de esta manera garantizar el derecho de que niños, niñas y adolescentes tengan el debido acceso a la justicia”.
De esta manera, con esta Ley y el convenio suscripto se creará en el ámbito del Colegio de Abogados de la Provincia y en cada departamento judicial, el Registro Provincial de Abogados del Niño, en el cual se podrán inscribir profesionales con matrícula y especialización en derechos del niño y que integren organizaciones que trabajen la problemática de la infancia y adolescencia.
La Ley, que fue sancionada en noviembre de 2013 y no fue instrumentada hasta la fecha, establece además que la asistencia jurídica y la defensa técnica serán provistas a partir de criterios interdisciplinarios, fundados en el derecho de los niños y niñas a ser oídos y en el principio del interés superior del niño.
La Ley de Abogados del Niño se sancionó en cumplimiento con lo establecido por la Convención sobre Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el Pacto San José de Costa Rica y la Ley Nacional Nº 26.061.
